Vivimos bajo el marco de un Estado que regula sin parar. Ya sea en el ámbito nacional (con el Congreso de los Diputados y el Senado a la cabeza), en el regional (con las diferentes cámaras de representación en las diferentes comunidades autónomas) o local (con los Ayuntamientos llevando la voz cantante), nos encontramos con leyes de todo tipo que guían a ciudadanos y empresas y les prohíben determinadas prácticas ya sea porque se consideran abusivas o porque son nocivas para el correcto desarrollo de nuestra sociedad. Todos somos conscientes de que las diferentes legislaciones son necesarias para garantizar nuestra protección. Pero no es menos verdad que la cantidad de normas que cada año se aprueban en las diferentes instancias de gobierno hace prácticamente imposible que estemos al tanto de la actualidad legislativa a no ser que nos dediquemos de manera profesional a un oficio como el de la abogacía o el notariado.