«El arbitraje propuesto por Bankia es un calvario que no pueden ni deben pasar”, sostiene el abogado Miguel Durán, representante legal de más de 1800 inversores estafados por el caso de las participaciones preferentes.
Aparte de atravesar una complicada situación financiera, la cual ha exigido numerosos rescates gestionados con dinero público, la banca española cuenta en su debe con la absoluta degradación de su imagen social debido a casos de corrupción tan sonados como las escandalosas pensiones de jubilación para altos directivos despedidos por su mala praxis en el cargo, su fraudulenta injerencia a nivel político y su hibridación orgánica con los partidos políticos en el poder, tanto a nivel local como autonómico y estatal.
Sin embargo, el principal factor de desgaste ha sido su vergonzosa actuación en cuanto a la venta de participaciones preferentes. Es decir, la colocación de productos financieros complejos y de alto riesgo a personas con discapacidad, a ancianos enfermos de alzhéimer, a población analfabeta o en absoluto cualificada para comprender los riesgos contraídos de la compra, la venta de estos activos a menores de edad… Todo ello basado en el abuso sin escrúpulos de la relación de confianza entre banco y el cliente o, peor aún, en la pura ignorancia incluso de los trabajadores de las entidades bancarias.
Una miríada de procedimientos irregulares que atenta contra las directivas europeas sobre mercados de instrumentos financieros (MIFID), quien establece la responsabilidad de someter a una evaluación previa de conocimientos a los clientes que deseen contratar productos financieros complejos. Esto quiere decir que si el cliente desconoce cómo funciona aquello que está contratando, la entidad en cuestión está teóricamente impedida para ejecutar el acuerdo.
En declaraciones al New York Times, Durán señala que la mayoría de los clientes fueron incluso contactados en su propia casa e instigados para que firmaran los formularios pertinentes a la inversión bajo la excusa de que se trataba solo de simples formalidades.
Las participaciones preferentes consisten en emisiones de deuda sin plazo definido, y están ideadas para la financiación de los bancos y cajas. La rentabilidad de las mismas, por tanto, están sujetas a los resultados de la entidad emisora. O, lo que es lo mismo, que en un contexto de crisis financiera, los intereses generados por las participaciones preferentes son nulos, mientras que en épocas de bonanza las rentabilidades son altas –en el caso de Caja Madrid y Banesto se cifraban en torno al 7 % de rentabilidad entre 2003 y 2008, de acuerdo con datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- pero las garantías de cobro son, de igual modo, inexistentes, dado que de nuevo quedan condicionados a los beneficios de la banca en cuestión.
Otra particularidad de este producto consiste en el que el banco puede recuperar las participaciones mediante el reintegro al cliente de su inversión inicial, sin más condiciones ni trabas. Por otro lado, estas participaciones no conceden derecho a voz y voto al cliente, no otorgan prioridad en el cobro frente a los que sí poseen acciones ordinarias y, desde luego, no se trata de depósitos de rentabilidad fija –el gancho más habitual para atraer la compra del producto-.
Uno de los mayores problemas de las participaciones preferentes es que no se encuentran respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, organismo encargado de cubrir hasta una cantidad de 100.000 euros en los «depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito».
Por supuesto, no se trata de un problema aislado y sin importancia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), calcula en 30.000 millones de euros la cantidad de participaciones preferentes firmadas hasta mayo de 2011, fecha próxima al estallido de la burbuja de estos productos financieros irregulares, cuya cotización de mercado se hundiría a causa de la crisis con el consiguiente cese en el pago de intereses. Según el organismo regulador, de los trece grupos financieros que existen en la actualidad en el mercado de la banca, al menos nueve de ellos poseen implicación en esta estafa por medio de alguna de sus entidades. En algunos ejemplos, como BBK, que no había emitido preferentes, procedió a recomprar las participaciones que sí había emitido Cajasur, entidad absorbida en fechas previas por el grupo Kutxabank, en el que se integran preferentes –un equivalente a 149 millones de euros que se transformarían en depósitos a tres años y plazo fijo-.
Una opción que no serviría en el caso de las cajas nacionalizadas por el Estado a través del rescate financiero, como sucede con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y en Bankia con las participaciones preferentes emitidas por Caja Madrid y Bancaja. En este particular, la solución del arbitraje, es decir, la creación por parte del Gobierno de una comisión encargada de fijar los criterios del arbitraje en el caso de las preferentes y de las subordinadas. “La comisión ha dado su doctrina en forma de siete criterios”, explica Miguel Durán. “Resumidamente, tendrán una preferencia en la tramitación, por este orden, las personas que tengan preferentes por menos de diez mil euros; además, esos diez mil euros deben ser la práctica totalidad de su patrimonio; el dinero empleado en este producto tóxico debe venir de depósitos en el mismo banco que les endilgó las preferentes o las subordinadas; y, para rizar el rizo, se empezará por los de mayor edad que tengan mayores cargas familiares y menos ingresos.”
El letrado se muestra escéptico en cuanto al funcionamiento de esta comisión, ya que “los que se aventuren en el arbitraje lo tienen muy complicado si tienen más de diez mil euros, si tienen otros ahorros que se presuma les permitan vivir, si no son muy ancianos o si tienen ingresos razonables y no muchas cargas familiares. Toda esta sarta de señuelos nos hacen desconfiar cada día más a los profesionales de las buenas intenciones tanto de la banca como del FROB y de las autoridades políticas que ponen en marcha este mecanismo”, abunda. “Además, el Ministro De Guindos se ha descolgado con declaraciones en las que viene a decir que no hará falta tener en cuenta en el arbitraje la declaración del perjudicado”, sentencia.
Así pues, desde su punto de vista, la decisión más adecuada para los afectados por las participaciones preferentes pasaría por la demanda civil. “Es la vía judicial y ahí no hay sorpresas, ahí no mandan los gobiernos, ahí está la independencia de los jueces y la verdadera Justicia”, asegura Durán.
