Cualquiera de nosotros en un momento determinado de nuestra vida, como consumidores que somos, podemos encontrarnos ante una situación de tener que realizar una reclamación por un producto adquirido en un establecimiento comercial, fuera de él, o mediante contratos celebrados a distancia, es decir a través de internet, y que una vez recibido consideramos que está defectuoso, no reúne las condiciones o características que nos han ofertado, etc. Ante esta situación debemos saber que para la protección de consumidores y usuarios se ha publicado la ley 3/2014 que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En esta normativa se establecen dos tipos de garantías para los productos:

Son ya muchas las noticias que aparecen en los medios de comunicación sobre negligencias médicas. La última que he leído ha sido en Segovia. Aunque suene lamentable, Sanidad Castilla y León (Sacyl) tendrá que indemnizar a una mujer víctima de negligencia médica, que sufrió un aborto y después la extirpación de los ovarios, consecuencia de un diagnóstico erróneo en el Hospital General de Segovia. Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 16 de Madrid, la compañía aseguradora del servicio de Sanidad de Castilla y León tendrá que indemnizar a la paciente con una cantidad superior a los 127.900 euros, además de los intereses correspondientes. Casos como estos, se dan muchos, por eso, tenemos que saber cómo actuar en estas situaciones.

Si las clausulas suelo ya generaron polémica debido a las clausulas abusivas de los bancos, ahora tenemos otro caso del que hablar. Los gastos hipotecarios, muy tratados en las noticias. Actualmente están empezando a haber sentencias sobre estos casos. Hoy venimos a explicaros qué se reclama exactamente, aunque os avisamos que tenéis que confiar en empresas como Hernandez y Diaz Abogados, un despacho multidisciplinar, con un equipo altamente cualificado con años de experiencia al servicio de nuestros clientes.

Las demandas de separación y divorcio han aumentado durante este año 2017, siendo Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana en las que más casos se han registrado. Y es que por muy duro que pueda parecer, la realidad es que el amor se acaba y llegado el momento, los mejor es poner fin a la relación. En muchos casos la disolución se produce de común acuerdo, pero otras veces esto no es posible y se produce lo que se conoce con el nombre de divorcio contencioso. Esto ocurre cuando no hay acuerdo entre las partes y por ello deben poner el caso en manos de los tribunales. En la mayoría de los casos la controversia viene dada por causa de la custodia de los hijos e hijas, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria, el reparto de bienes o el uso del domicilio familiar.

Los ciudadanos nos vemos en multitud de ocasiones entre la espada y la pared ante situaciones cotidianas cuya resolución, a priori fácil, se vuelve una verdadera locura para solucionar. Pues bien, si dejamos de lado el amalgama burocrático que nos rodea, y vamos a lo que de verdad importa, que es la Ley, descubrimos las obligaciones de los ayuntamientos La Ley de Régimen Local es la Ley que establece las principales obligaciones de los ayuntamientos. Aunque no hay que olvidar que otras leyes, como las leyes que regulan los impuestos, los Estatutos de Autonomía o las leyes comunitarias, pueden establecer otro tipo de obligaciones.

Pocas situaciones hay más traumáticas que un divorcio. Este es un momento en que antiguos deseos y expectativas se derrumban y del que nos cuesta horrores salir. Es además una situación que crece y crece entre los españoles, que solo durante los peores momentos de la crisis económica se pensaron dos veces eso de divorciarse y gastar un capital importante en los servicios legales de abogados.

Que en los institutos se vaya introduciendo una materia como la legalidad constitucional es una necesidad imperiosa para la sociedad de hoy en día. Es inconcebible que los muchachos​ del siglo XXI salgan de las aulas una vez acabada la Educación Secundaria Obligatoria sin saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones constitucionales como ciudadanos españoles que son. Desde el Ministerio de Educación bien harían en promover alguna acción para descubrir la Constitución a nuestros jóvenes.

Siempre que tengo un viaje en el que tengo que hacer trasbordo, tiemblo. Y es que no es la primera vez que se me retrasa un vuelo y por ello pierdo la conexión. Suelo viajar mucho por razones de trabajo, lo peor es que, por desconocimiento y completa ignorancia ni siquiera recibía indemnización. Casi sin darme cuenta no ganaba para billetes de avión. Esto ha cambiado desde que un amigo me recomendó que me asesorara mejor en Ancla Abogados, un despacho de abogados de mi ciudad versado en diferentes áreas como Derecho Laboral, Civil y Mercantil. Cuenta con expertos abogados penalistas, laboralistas, de familia, especialistas en accidentes, herencias, divorcios y cláusulas suelo.

Organizar y gestionar todo lo que tenga que ver con una comunidad de vecinos es una tarea ardua. La convivencia entre varias familias puede dar lugar a una serie de discusiones que es mejor resolver mediante acuerdos y para ello la mejor opción es adoptar las decisiones más coherentes y necesarias para todos. Uno de los focos para ello es el que guarda relación con las zonas comunes. Todos los vecinos arden en deseos de tener las mejores instalaciones y una buena piscina ofrece un status y una calidad al inmueble que quizá no podamos conseguir de otra manera diferente. Y es que relax y el confort que nos proporciona una piscina durante los meses de verano es un auténtico placer del que no todo el mundo puede presumir.

Hace poco vino a nuestra oficina unos hermanos cuya madre falleció, y tras un complicado procedimiento de avalúo y valoración de los bienes, conseguimos presentar ante el juzgado un completo informe con todos los bienes que poseían en la masa de la herencia. Este caso es bastante jugoso a efectos didácticos. Y lo es debido a la complejidad del mismo, dado que existen diferentes relaciones familiares complejas, así como los fallecimientos en varias líneas sucesorias, se dan situaciones jurídicas que en la facultad pueden llegar a ser “supuestos de laboratorio”. Profesionalmente este caso ha llamado mi atención y curiosidad por explorar todas las posibilidades del caso en cuestión.

Es cierto que, puedo llegar a entender que una aseguradora tenga que andarse con ojo por los casos de fraude de personas que fingen ser víctimas de accidentes, pero el problema es cuando el tuyo es un caso real y no un fraude. A mí, precisamente, me afectó que mi caso se pareciera al de un sonado fraude que ocurrió en mi ciudad en el que una red de delincuentes se dedicó a simular atropellos y mi aseguradora no me lo puso nada fácil. Tenía la suerte de que mi padre conocía un bufete de abogados especializados en este tipo de casos y me habló de Indemnizacionaccidentedetrafico.org, no dudé en llamarles para que me asignaran a un buen abogado que me ayudara a hacer frente a todos los obstáculos que me ponía mi compañía aseguradora.