Las participaciones preferentes se han convertido en el símbolo de la crisis financiera y de los abusos que los bancos y las cajas han cometido durante los últimos años al colocar a algunos de sus clientes unos valores de alto riesgo sin advertirlos de ello, siendo muchos los afectados y numerosos los bufetes de abogados dedicados a esta causa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las define como valores cuya rentabilidad es variable y no garantizada.
Se trata de títulos emitidos a perpetuidad, es decir, sin una fecha de vencimiento determinada, con una liquidez muy reducida y una rentabilidad variable. Como consecuencia de ello, pueden reportar altos intereses durante los años de bonanza (solo los generan cuando la entidad emisora obtiene buenos resultados), pero perder valor en tiempos de crisis, y no están garantizados como los depósitos en caso de quiebra de la entidad financiera emisora. No son pues depósitos a plazo, como creyeron muchos clientes que las suscribieron.
Las participaciones preferentes tampoco son acciones ni se cotizan en Bolsa ni dan derecho a voto en las juntas de accionistas, aunque tienen prioridad de cobro sobre estos. La inversión se puede recuperar negociando con ellos en el mercado de la AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un proceso engorroso que puede dilatarse durante meses.
Falta de información
Como se puede comprobar, es un producto financiero muy complejo, que difícilmente podía haber sido suscrito por ahorradores normales, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran jubilados y gente modesta, a no ser que desconocieran sus características o lo confundieran con otros productos. De hecho, un millón de personas creyeron que contrataban un producto parecido a los depósitos a plazo, según ha afirmado laAsociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que agrupa a unos 30.000 afectados por las preferentes.
La directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID) de 2007 establecía que los bancos y cajas tenían que realizar determinadas pruebas (“test de conveniencia” y “test de idoneidad”) para asegurarse de que los inversores en estos títulos comprendían el tipo de producto que estaban adquiriendo, pero al parecer muchas veces no se respetaron estos trámites.
Durante los años de vacas gordas era más fácil recuperar el dinero de las preferentes porque no había más que solicitarlo a la caja o el banco emisor, que podía volver a vender fácilmente el título a otra persona al mismo precio, pero a partir de 2008, con la crisis financiera, comenzaron a escasear los compradores para las preferentes, y en cualquier caso las pocas compra-ventas se realizaban a un precio muy inferior.
Según la CNMV, durante los años más duros de la crisis financiera, de 2008 a 2012, los bancos y cajas se financiaron emitiendo 42.584 millones de euros en participaciones preferentes y deuda subordinada. La CNMV cree que al menos 6.000 millones se vendieron incumpliendo la normativa. En 2011, esta entidad reguladora recibió 2.005 reclamaciones por las preferentes y en 2012, otras 10.900 reclamaciones, quintuplicando las de año anterior. La mayoría de ellas era por falta de información en el momento de la contratación del producto. En marzo de 2013, todavía quedaban por devolver 22.700 millones.
Canjes, arbitrajes y demandas
El problema de las preferentes afectó a la mayoría de las entidades financieras. La solución que inicialmente dieron fue canjear estos títulos por otro tipo de deuda o por bonos convertibles en acciones, incluyendo quitas de diversa cuantía. Las entidades nacionalizadas y controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), comenzando por Novagalicia, Bankia y Catalunya Bann, aceptaron un arbitraje. La comisión creada por el Gobierno para fijar los criterios del arbitraje estableció, entre otras cosas, que tendrían preferencia en la tramitación las personas con títulos de menos de diez mil euros, los cuales debían ser la práctica totalidad de su patrimonio; el dinero empleado en este producto debía venir de depósitos en el mismo banco que lo emitió, y se daría prioridad a los de mayor edad que tuvieran más cargas familiares y menos ingresos.
Según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a principios de febrero de este año más de 260.000 titulares de participaciones preferentes emitidas por Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc habían recuperado 1.890 millones de euros en estos procesos de arbitraje.
Aunque en la mayoría de los casos el arbitraje ha sido favorable a los clientes, todavía queda mucho dinero por recuperar, y muchos afectados han optado por la vía de la demanda civil. En los juzgados de primera instancia se han planteado miles de demandas contra las entidades financieras por las participaciones preferentes, en las cuales se han puesto de manifiesto los abusos cometidos. Por ejemplo, Novagalicia tiene todavía pendientes más de 4.000 demandas. Los juzgados de Valencia han registrado más de 2.000 demandas desde febrero de 2013. La Audiencia Nacional, por su parte, ha accedido a investigar a la antigua cúpula de Caja Madrid por este asunto. Existen despachos de abogados especializados en participaciones preferentes, como el de Miguel Durán. Hasta la fecha, los tribunales solo han emitido sentencias sobre el 14 % de las demandas, y la mayoría de ellas a favor de los inversores
