Sufrir un accidente de tráfico es una experiencia desagradable y traumática que puede dejar en el individuo graves secuelas físicas y mentales, además del importante perjuicio material que supone la reparación del automóvil siempre que no haya sufrido directamente un siniestro total. No obstante, a pesar de todas las inconveniencias, uno al menos puede obtener cierta compensación económica de tan infausto suceso gracias a las indemnizaciones por accidente.
A tal efecto, la primera medida que ha de tomar el accidentado consiste en ponerse inmediatamente en contacto con abogados especializados en casos de accidentes de circulación –letrados especialistas en Responsabilidad Civil- para iniciar el pertinente pleito legal imprescindible para obtener la citada indemnización. No debe ser esta una decisión arbitraria, dado que se ha de tener en consideración el prestigio y la veteranía del bufete de abogados, su grado de especialización en el asunto y otros factores estrictamente materiales como los que, por ejemplo, ofrecen firmas como BGE, entidad de referencia entre los abogados de accidentes en Barcelona y en cuya oferta de servicio se encuentra la premisa de no cobrar honorario alguno a menos que el cliente obtenga una satisfacción económica al final del proceso legal.
Antes de emprender cualquier acción judicial, averiguar sobre cuál de las partes ha de recaer la responsabilidad del accidente supone un punto fundamental, ya que solo aquellos determinados como no culpables o no del todo responsables del mismo son los que pueden acceder a la indemnización y el posible resarcimiento total de los daños y perjuicios sufridos.
El trámite más común a la hora de atribuir estas culpabilidades entre los vehículos implicados en el accidente e, incluso, los peatones afectados, es el parte amistoso. En dicho documento se recogen los hechos que han dado lugar al accidente y es donde el responsable de los mismos admite por escrito su culpabilidad. En el caso de que no haya habido lugar para tal parte amistoso de accidente, se ha de acudir entonces a la intervención de las autoridades pertinentes. La policía local es la encargada de redactar el informe en el que se reflejen las versiones de las partes involucradas, los testimonios de los testigos presenciales y datos periciales como la ubicación en la vía de los vehículos, su velocidad estimada de circulación, la presencia significativa de huellas anormales de frenado, el respeto de las indicaciones de las señales de circulación… Se trata de una prueba que, dentro de un posible juicio, adquiere un carácter concluyente.
Una vez establecidas las responsabilidades, la cuantía de la indemnización queda definida con independencia respecto a la infracción cometida por el sujeto responsable. Para el cómputo de daños, se tendrán en cuenta tanto los daños materiales (ocasionados al vehículo, al vestuario, a las posesiones víctimas de imperfectos en el accidente como relojes, gafas, telefonía móvil…) como los daños personales (días de baja impeditivos y no impeditivos, secuelas físicas, mentales y emocionales, posibles incapacidades laborales, perjuicios económicos y daños morales contra la víctima o víctimas y su familia). En estos últimos, los sucesivos informes médicos practicados sobre la víctima son los que delimitarán la gravedad de las consecuencias físicas del accidente. El complejo baremaje que la ley contempla para determinar la valoración de estos daños exige casi de manera indefectible la asesoría especializada.
Respecto a los daños en el vehículo, es por su parte el peritaje efectuado por un taller mecánico el que concretará el daño material sufrido durante el accidente y las reparaciones necesarias para compensarlo.
Accidentes laborales: no deben quedar impunes
Un accidente laboral es todo aquel accidente que un trabajador sufre durante su jornada de trabajo o a lo largo del trayecto desde su domicilio al trabajo y viceversa (lo que se denomina en la jerga legal un ‘accidente in itinere’). Sus manifestaciones más habituales son los accidentes laborales por carencias en la formación en prevención de riesgos laborales, la falta de evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador por parte de la entidad contratante, la ausencia de equipos de protección individual, los defectos en la maquinaria o su falta de revisión técnica, el descuido en cuanto a las medidas de higiene laboral, la realización de tareas sin la necesaria cualificación… En un accidente laboral, aquel sobre el que recaiga la responsabilidad civil del mismo –ya sea una persona física o una persona jurídica, es decir, una empresa, y ya sea contractual o extracontractual, es decir, recogida en el convenio colectivo o no- se encuentra en la obligación de reparar los daños padecidos por la víctima del accidente. En el caso de lesiones, estamos ante la conocida indemnización por daños y perjuicios.
Para ejercer una reclamación judicial a propósito de un accidente laboral se ha de determinar como primer paso si ha existido alguna infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la encargada de identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales dentro de una actividad productiva o un contexto profesional concreto. De este modo, se podrá esclarecer si la culpa del mismo pertenece en exclusividad al trabajador o si, por el contrario, podría haberse evitado en el caso de que la empresa hubiera cumplido con las obligaciones contraídas por la mencionada ley de prevención, caso en el que, entonces, el trabajador estará capacitado para reclamar una indemnización compensatoria.
Al igual que sucede en los accidentes de tráfico, la cantidad de tal indemnización se encuentra especificada en el Boletín Oficial del Estado, y se estipula en función de magnitudes como el tiempo necesario de sanación, las secuelas derivadas del accidente y otros factores sociales y profesionales. A tenor de estas premisas, contar con un peritaje médico fiable y la ayuda y asesoramiento legal de un abogado especialista en indemnizaciones por accidente laboral se exige como requisito indispensable.
Uno de los ejemplos más célebres de intervención legal ante accidentes laborales es el de la solicitud de incapacidad permanente. Cuando a resultas del accidente el trabajador ha sufrido una incapacidad permanente parcial o IPP, aparte de la indemnización derivada de la responsabilidad civil, el afectado estará habilitado para reclamar una indemnización especial que se cifra en veinticuatro veces su nómina mensual.
